En los territorios marino-costeros, los humedales no son espacios vacíos ni reservas pasivas: son infraestructura natural crítica. Regulan inundaciones, filtran contaminantes, sostienen medios de vida locales y actúan como barrera natural frente al cambio climático. Sin embargo, en ausencia de reglas claras, estos ecosistemas suelen ser los primeros en desaparecer bajo la presión urbana e inmobiliaria.
En este contexto, los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) cumplen un rol clave. Más que instrumentos técnicos, son herramientas normativas que permiten a los municipios definir qué se puede hacer, dónde y bajo qué condiciones, poniendo el interés colectivo y la protección ambiental por encima de decisiones fragmentadas o de corto plazo.
La experiencia de Grupo Innovaterra en municipios costeros, como el POT de Puerto Barrios (Figura 1), demuestra que la norma puede ser una solución basada en la naturaleza (SbN). A través de zonificaciones de protección, regulación de usos del suelo, límites a la urbanización en zonas inundables y la integración de infraestructura verde y azul, el ordenamiento territorial permite conservar y restaurar humedales mientras se mejora la resiliencia urbana.
Este enfoque reconoce que la mayor amenaza para los ecosistemas costeros no viene del mar, sino de tierra adentro: sedimentación, contaminación, expansión urbana desordenada y pérdida de manglares. Por ello, planificar el territorio desde las condicionantes ecológicas y climáticas no es una opción, sino una necesidad.
Proteger humedales mediante POT no solo es una acción ambiental. Es una decisión que protege viviendas, medios de vida y economías locales, reduce riesgos climáticos y construye territorios más justos y sostenibles. En un escenario de aumento del nivel del mar y eventos extremos más frecuentes, ordenar bien el territorio hoy es asegurar el futuro de las comunidades costeras mañana.
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